España a comienzos del siglo XX seguía siendo un país en el que el
peso de la agricultura sobre el PIB era muy elevado en comparación con otros países
europeos. En concreto en 1901 era del 46,4%, y suponía el empleo del 66,7% de
la población activa[1].
En el año 1940, tras la guerra civil, había caído hasta el 31,9%. Ello se debió
a los años de la I
guerra mundial en la que España se declaró neutral y fue aprovechado para un
crecimiento del sector industrial que abastecía a países que estaban en guerra.
Al comienzo de la guerra civil la situación económica en España
era compleja. Hasta 1935 se había producido una recuperación del PIB, que había
caído durante la dictadura de Primo de Rivera, pero la situación política, los
presupuestos del Estado prorrogados desde 1933, y el sector empresarial junto con la
inestabilidad política propiciaron el comienzo de la guerra.
Franco contemplando el desfile de las tropas |
Al acabar la guerra nos encontramos la siguiente situación[2]:
- La
producción de los sectores industrial
y agrícola y el ganadero, habían caído considerablemente
- Se habían
agotado las reservas de divisas.
- Deterioro
general de infraestructuras
- Y por
último la más importante: Pérdidas humanas considerables, entre el 1,1% y
el 1,5 % de la población total.
Con esta situación es fácil deducir que la renta per cápita
descendió, cayendo el consumo y sumiendo a España en una situación de ausencia
de la mayoría de productos, provocando una economía especulativa por la escasez,
del hambre y de las enfermedades. La
España de las cartillas de racionamiento.
El sistema franquista primero ante la escasez y segundo ante el
aislamiento internacional tras la
II guerra mundial, convirtió a España en un país autárquico.
La dictadura convirtió la autarquía en un sistema económico dirigido por el
Estado con un intervencionismo en la actividad económica, control de precios,
racionamiento de los alimentos, sometiendo a una disciplina de rigor
legislativo, como por ejemplo el decreto de 8 de septiembre de 1939, que sometía
a autorización previa para la instalación, ampliación de fábricas y la
concesión de cupos de materia prima.
Por otro lado, desde el Ministerio de Hacienda, se siguió una
política monetaria que cubría los continuos déficits públicos mediante
emisiones de monedas y de deuda, que genero inflación y de casi iliquidez de
los bancos durante los años 40 y gran parte de los 50.
Esta política económica de autarquía fue un autentico fracaso, que
solo tras los apoyos extranjeros, en especial por los Estados Unidos, supuso
los primeros pasos para la liberalización económica y por tanto el crecimiento
de los sectores productivos.
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